El Gobierno aprueba la retirada gradual de las rebajas fiscales a los carburantes y ayudas al transporte
Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley 18/2026, con entrada en vigor el pasado 1 de julio, que recoge el paquete de medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con una fuerte repercusión en el ámbito corporativo y fiscal. Entre las principales disposiciones fiscales y energéticas, destaca la retirada progresiva de la bonificación al Impuesto sobre Hidrocarburos para gasolinas y gasóleo general, reduciendo la rebaja de 15 céntimos por litro en julio a 10 en agosto y 5 en septiembre, incluyendo cláusulas de salvaguarda ligadas al IPC para reactivar tipos reducidos en el IVA de luz y gas o en el Impuesto Especial sobre la Electricidad si la inflación sectorial interanual supera el 15 por ciento. Asimismo, se introducen incentivos en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) con rebajas en la base imponible del 30 por ciento en el tercer trimestre y del 40 por ciento en el cuarto, fijando por ley su reducción al 3,5 por ciento en 2027 y la exención total con carácter indefinido a partir de 2028.
En el plano sectorial, la normativa amplía los canales de apoyo y establece condiciones específicas para el tejido empresarial del transporte y la agricultura. Los transportistas con derecho a gasóleo profesional recibirán ayudas directas complementarias de hasta 20 céntimos por litro en septiembre gestionadas mediante tarjeta, mientras que se abre una línea de subvenciones fijas por vehículo entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026 para profesionales de mudanzas, taxis, VTC o autobuses urbanos sin acceso a dicho régimen. En el ámbito agrario, se prorrogan hasta finales de septiembre las ayudas extraordinarias al gasóleo y se elevan las cuantías de compensación por la compra de fertilizantes hasta los 38,33 euros por hectárea en secano y 92,50 euros en regadío. Finalmente, el decreto impone un fuerte condicionante laboral al prohibir de forma expresa los despidos y ceses de actividad por causas económicas o de fuerza mayor derivadas de esta crisis hasta el 30 de septiembre de 2026 a todas las compañías que resulten beneficiarias de estas ayudas públicas.
