Ideas para la Financiación Autonómica
La revisión del sistema de financiación
autonómico es uno de los asuntos de actualidad económica más trascendentales
para la Comunidad Valenciana.
Desde su puesta en marcha, este sistema se ha mostrado profundamente injusto con nuestra Comunidad y las sucesivas reformas introducidas no han cambiado sustancialmente esta situación. En términos globales, el sistema tiene como resultado el que la Comunidad Valenciana aporta más de lo que recibe al resto de España, a pesar de que sus ciudadanos tienen un nivel de renta inferior a la media española.
Dicha contradicción tiene múltiples efectos adversos, pero el más importante es una insuficiencia crónica para la financiación de los servicios públicos básicos. Y la principal consecuencia ha sido que año tras año, el presupuesto de la Generalitat ha tenido que ser cuadrado mediante los ingresos procedentes de los impuestos propios y el recurso al endeudamiento y el déficit.
Esta situación se ha visto quebrada en el momento en que por la crisis se han desplomado los ingresos propios y se ha cerrado el acceso a la financiación, convirtiéndose en insostenible.
Existe actualmente un gran consenso tanto a nivel político, académico como de la sociedad civil sobre lo injusto del sistema para nuestra Comunidad y la necesidad de su reforma. Sin embargo, ha llegado el momento de las propuestas sobre cómo debería efectuarse dicha reforma.
Recientemente, en un foro académico organizado por la Universitat de València sobre este asunto, ponentes de prestigio manifestaron su pesimismo sobre la posibilidad de lograr una reforma que cambie sustancialmente la situación de la Comunidad Valenciana. Esto es así por la constatación de que, en tiempos de crisis como los actuales en los que no hay recursos nuevos que repartir, una reforma en la que nuestra Comunidad mejore su posición sólo será a costa del empeoramiento de otras.
Admitiendo la enorme dificultad que supone lo anterior, en mi opinión una reforma de este calado sólo tiene posibilidades de éxito si confluyen una serie de factores que obliguen al Gobierno Central a promoverla de forma decidida.
El primero de ellos es la existencia de un amplio consenso en la necesidad de la reforma desde las instituciones políticas, académicas y de la sociedad civil valenciana que, como ya he mencionado, parece haberse alcanzado.
Un segundo factor trascendental es la inclusión de elementos de transparencia en el funcionamiento del sistema, dado que sólo si es transparente y percibido con claridad por los ciudadanos podrá ser valorado y defendido por la sociedad en su conjunto. Y en este sentido el sistema es claramente mejorable.
Al margen de posibles esquemas de federalismo fiscal que pudieran plantearse en un futuro, un elemento que de forma incipiente fue incluido en el último diseño del sistema y que introduciría una enorme dosis de transparencia al mismo, es el tratamiento específico y separado de la financiación de los servicios públicos básicos.
Partiendo de la base de que el Estado autonómico y la transferencia de competencias han demostrado ser, en mi opinión, positivos para los ciudadanos, un avance en el sistema podría ser la separación de la financiación que reciben las comunidades autónomas por parte del Estado en dos grandes componentes: la financiación de los servicios públicos y el desarrollo regional.
La separación, el trato diferenciado de estos dos componentes, podría constituir uno de los elementos cruciales para otorgar suficiente transparencia al sistema y conseguir llevar adelante una reforma que ahora se vislumbra como muy complicada.
La financiación de los servicios públicos básicos (sanidad, educación y bienestar social) debería estar asegurada por el Estado en base a criterios poblacionales o capitativos. En otras palabras, el Estado debería asegurar a todos los ciudadanos españoles la financiación de dichos servicios mediante la oportuna transferencia financiera a su comunidad de residencia de forma que quedaran completamente cubiertos.
Cosa diferente serían las transferencias cuyo objeto último es el desarrollo regional, que podrían separase de las anteriores y en donde sí que tendrían que influir otro tipo de factores como el nivel de renta, las infraestructuras o el territorio de cada región. Éste podría ser el ámbito de la solidaridad entre territorios dentro del Estado, a partir de una política de desarrollo regional con objetivos claros y gestionada con criterios similares a los que la propia Unión Europea aplica en este campo.
Éste sería un ejercicio de justicia y equidad muy importante que daría confianza en el sistema y lo haría transparente a los ciudadanos que en este momento no lo entienden y lo perciben como algo alejado y situado en el terreno de la confrontación política.
En definitiva, garantizar a todos los españoles que independientemente de su lugar de residencia tienen asegurado su acceso a la sanidad, la educación y la protección social en igualdad de condiciones. Junto a ello, articular la solidaridad interterritorial a través de políticas de desarrollo regional eficientes basadas en criterios objetivos y consensuados.
Los valencianos nos jugamos mucho en este asunto como para permanecer inactivos. La necesidad de que toda la sociedad se conciencie de su importancia es clave para conseguir el objetivo final y ello sólo podrá alcanzarse a partir de trabajo, seriedad y propuestas concretas. La importancia y trascendencia del tema nos obliga a poner encima de la mesa ideas y propuestas para conseguir entre todos el mejor de sistema de financiación para la Comunidad Valenciana.
Juan Manuel Pérez Mira
Decano presidente del Colegio de Economistas de Valencia
Reproducción de Artículo publicado por el diario El Mundo el 21 de abril de 2013
Desde su puesta en marcha, este sistema se ha mostrado profundamente injusto con nuestra Comunidad y las sucesivas reformas introducidas no han cambiado sustancialmente esta situación. En términos globales, el sistema tiene como resultado el que la Comunidad Valenciana aporta más de lo que recibe al resto de España, a pesar de que sus ciudadanos tienen un nivel de renta inferior a la media española.
Dicha contradicción tiene múltiples efectos adversos, pero el más importante es una insuficiencia crónica para la financiación de los servicios públicos básicos. Y la principal consecuencia ha sido que año tras año, el presupuesto de la Generalitat ha tenido que ser cuadrado mediante los ingresos procedentes de los impuestos propios y el recurso al endeudamiento y el déficit.
Esta situación se ha visto quebrada en el momento en que por la crisis se han desplomado los ingresos propios y se ha cerrado el acceso a la financiación, convirtiéndose en insostenible.
Existe actualmente un gran consenso tanto a nivel político, académico como de la sociedad civil sobre lo injusto del sistema para nuestra Comunidad y la necesidad de su reforma. Sin embargo, ha llegado el momento de las propuestas sobre cómo debería efectuarse dicha reforma.
Recientemente, en un foro académico organizado por la Universitat de València sobre este asunto, ponentes de prestigio manifestaron su pesimismo sobre la posibilidad de lograr una reforma que cambie sustancialmente la situación de la Comunidad Valenciana. Esto es así por la constatación de que, en tiempos de crisis como los actuales en los que no hay recursos nuevos que repartir, una reforma en la que nuestra Comunidad mejore su posición sólo será a costa del empeoramiento de otras.
Admitiendo la enorme dificultad que supone lo anterior, en mi opinión una reforma de este calado sólo tiene posibilidades de éxito si confluyen una serie de factores que obliguen al Gobierno Central a promoverla de forma decidida.
El primero de ellos es la existencia de un amplio consenso en la necesidad de la reforma desde las instituciones políticas, académicas y de la sociedad civil valenciana que, como ya he mencionado, parece haberse alcanzado.
Un segundo factor trascendental es la inclusión de elementos de transparencia en el funcionamiento del sistema, dado que sólo si es transparente y percibido con claridad por los ciudadanos podrá ser valorado y defendido por la sociedad en su conjunto. Y en este sentido el sistema es claramente mejorable.
Al margen de posibles esquemas de federalismo fiscal que pudieran plantearse en un futuro, un elemento que de forma incipiente fue incluido en el último diseño del sistema y que introduciría una enorme dosis de transparencia al mismo, es el tratamiento específico y separado de la financiación de los servicios públicos básicos.
Partiendo de la base de que el Estado autonómico y la transferencia de competencias han demostrado ser, en mi opinión, positivos para los ciudadanos, un avance en el sistema podría ser la separación de la financiación que reciben las comunidades autónomas por parte del Estado en dos grandes componentes: la financiación de los servicios públicos y el desarrollo regional.
La separación, el trato diferenciado de estos dos componentes, podría constituir uno de los elementos cruciales para otorgar suficiente transparencia al sistema y conseguir llevar adelante una reforma que ahora se vislumbra como muy complicada.
La financiación de los servicios públicos básicos (sanidad, educación y bienestar social) debería estar asegurada por el Estado en base a criterios poblacionales o capitativos. En otras palabras, el Estado debería asegurar a todos los ciudadanos españoles la financiación de dichos servicios mediante la oportuna transferencia financiera a su comunidad de residencia de forma que quedaran completamente cubiertos.
Cosa diferente serían las transferencias cuyo objeto último es el desarrollo regional, que podrían separase de las anteriores y en donde sí que tendrían que influir otro tipo de factores como el nivel de renta, las infraestructuras o el territorio de cada región. Éste podría ser el ámbito de la solidaridad entre territorios dentro del Estado, a partir de una política de desarrollo regional con objetivos claros y gestionada con criterios similares a los que la propia Unión Europea aplica en este campo.
Éste sería un ejercicio de justicia y equidad muy importante que daría confianza en el sistema y lo haría transparente a los ciudadanos que en este momento no lo entienden y lo perciben como algo alejado y situado en el terreno de la confrontación política.
En definitiva, garantizar a todos los españoles que independientemente de su lugar de residencia tienen asegurado su acceso a la sanidad, la educación y la protección social en igualdad de condiciones. Junto a ello, articular la solidaridad interterritorial a través de políticas de desarrollo regional eficientes basadas en criterios objetivos y consensuados.
Los valencianos nos jugamos mucho en este asunto como para permanecer inactivos. La necesidad de que toda la sociedad se conciencie de su importancia es clave para conseguir el objetivo final y ello sólo podrá alcanzarse a partir de trabajo, seriedad y propuestas concretas. La importancia y trascendencia del tema nos obliga a poner encima de la mesa ideas y propuestas para conseguir entre todos el mejor de sistema de financiación para la Comunidad Valenciana.
Juan Manuel Pérez Mira
Decano presidente del Colegio de Economistas de Valencia
Reproducción de Artículo publicado por el diario El Mundo el 21 de abril de 2013
