La Sindicatura de Cuentas expone sus ideas sobre la reforma de la Administración Pública
Rafael Vicente Queralt y Antonio Minguillón defienden el papel del
tribunal de cuentas autonómico como fiscalizador de la gestión pública
El síndico mayor de la
Sindicatura de Cuentas, Rafael Vicente Queralt, y el director
de su Gabinete técnico, Antonio Miguillón, explicaron el pasado 30 de enero su
visión de la reforma de la
Administración Pública, de "una
transformación fundamental y necesaria en el control externo de la
Administración", a partir del informe elaborado por la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
El informe plantea la reforma como una racionalización del patrimonio público, una modificación de las normas que regulan las Administraciones Públicas y una regulación del absentismo de los empleados y del aumento de la productividad de los funcionarios. El objetivo es ahorrar 250 millones de euros entre 2013 y 2015 mediante la limitación de prejubilaciones, la racionalización del gasto sanitario y farmacéutico, la sostenibilidad del sistema de dependencia, la contención del gasto en el ámbito educativo y la supresión de órganos existentes en el Estado y "presuntamente" duplicados por las Comunidades Autónomas.
Ante lo que denomina "un mapa de control heterogéneo", la CORA propone tres posibles escenarios para solucionar el problema: la supresión de los OCEX (órganos de control externo) y la asunción plena de sus competencias por el Tribunal de Cuentas; la creación de Secciones Territoriales del Tribunal de Cuentas en las Comunidades Autónomas; y la modificación funcional de los OCEX, orientada a implantar un sistema de control externo definido y coordinado por el Tribunal de Cuentas. En esta tesitura, el síndico mayor defendió el papel de los tribunales de cuentas autonómicos: "Somos perfectamente compatibles. El Tribunal de Cuentas debe conservar en exclusiva la responsabilidad contable, pero la fiscalización y el control externo debemos mantenerlo nosotros". Para evitar las duplicidades, Rafael Vicente Queralt abogó por "establecer mecanismos para evitarlo".
Eficacia, eficiencia e inmediatez son los tres pilares sobre los que se sustenta la reforma de los órganos de control externo. Eficacia en la ausencia de duplicidades en la rendición de cuentas; eficiencia en el personal, en la normativa y en la calidad del trabajo; e inmediatez en la presentación de informes de fiscalización en tiempo y forma, en cumplimiento del interés público.
Los ponentes manifestaron los esfuerzos de los órganos de cuentas por actualizarse, al margen de las "reformas estructurales". Así, la Sindicatura de Cuentas, concretamente, ha cambiado "sustancialmente" la auditoría tradicional por nuevos mecanismos que ofrecen "un mayor conocimiento de la gestión pública". Para ello, ha aumentado las auditorías operativas, de eficiencia y de los sistemas de información y da cuenta a Las Cortes de la gestión de determinados aspectos importantes, como las centrales de compra o los gastos de farmacia. En el ámbito de las entidades locales, ha realizado más de 250 informes de fiscalización de municipios valencianos, la mayoría desde la ampliación de sus competencias en 2003. "Nos hemos propuesto que los grandes ayuntamientos, por unas razones u otras, sean revisados en su totalidad a lo largo de una legislatura", afirmó el síndico mayor, para quien "el Estado de las Autonomías no tiene marcha atrás. Las Autonomías tienen que ser objeto de una revisión sustancial, igual que el Estado. Las reformas que ha llevado a cabo el Estado son menores, en comparación con lo que hemos hecho nosotros".
El informe plantea la reforma como una racionalización del patrimonio público, una modificación de las normas que regulan las Administraciones Públicas y una regulación del absentismo de los empleados y del aumento de la productividad de los funcionarios. El objetivo es ahorrar 250 millones de euros entre 2013 y 2015 mediante la limitación de prejubilaciones, la racionalización del gasto sanitario y farmacéutico, la sostenibilidad del sistema de dependencia, la contención del gasto en el ámbito educativo y la supresión de órganos existentes en el Estado y "presuntamente" duplicados por las Comunidades Autónomas.
Ante lo que denomina "un mapa de control heterogéneo", la CORA propone tres posibles escenarios para solucionar el problema: la supresión de los OCEX (órganos de control externo) y la asunción plena de sus competencias por el Tribunal de Cuentas; la creación de Secciones Territoriales del Tribunal de Cuentas en las Comunidades Autónomas; y la modificación funcional de los OCEX, orientada a implantar un sistema de control externo definido y coordinado por el Tribunal de Cuentas. En esta tesitura, el síndico mayor defendió el papel de los tribunales de cuentas autonómicos: "Somos perfectamente compatibles. El Tribunal de Cuentas debe conservar en exclusiva la responsabilidad contable, pero la fiscalización y el control externo debemos mantenerlo nosotros". Para evitar las duplicidades, Rafael Vicente Queralt abogó por "establecer mecanismos para evitarlo".
Eficacia, eficiencia e inmediatez son los tres pilares sobre los que se sustenta la reforma de los órganos de control externo. Eficacia en la ausencia de duplicidades en la rendición de cuentas; eficiencia en el personal, en la normativa y en la calidad del trabajo; e inmediatez en la presentación de informes de fiscalización en tiempo y forma, en cumplimiento del interés público.
Los ponentes manifestaron los esfuerzos de los órganos de cuentas por actualizarse, al margen de las "reformas estructurales". Así, la Sindicatura de Cuentas, concretamente, ha cambiado "sustancialmente" la auditoría tradicional por nuevos mecanismos que ofrecen "un mayor conocimiento de la gestión pública". Para ello, ha aumentado las auditorías operativas, de eficiencia y de los sistemas de información y da cuenta a Las Cortes de la gestión de determinados aspectos importantes, como las centrales de compra o los gastos de farmacia. En el ámbito de las entidades locales, ha realizado más de 250 informes de fiscalización de municipios valencianos, la mayoría desde la ampliación de sus competencias en 2003. "Nos hemos propuesto que los grandes ayuntamientos, por unas razones u otras, sean revisados en su totalidad a lo largo de una legislatura", afirmó el síndico mayor, para quien "el Estado de las Autonomías no tiene marcha atrás. Las Autonomías tienen que ser objeto de una revisión sustancial, igual que el Estado. Las reformas que ha llevado a cabo el Estado son menores, en comparación con lo que hemos hecho nosotros".
