Pedro Viguer analiza el potencial del sistema judicial como dinamizador de la economía
El juez decano de los juzgados de Valencia reivindica la necesidad de un
sistema judicial fuerte y seguro para favorecer la competitividad de la
economía española
El magistrado Pedro Viguer, juez decano de los juzgados de Valencia,
participó el 14 de enero en una conferencia-coloquio organizada por el Colegio
de Economistas de Valencia para "analizar la situación actual del sistema
judicial y la necesidad de apostar por un sistema ágil y eficiente que ayude a potenciar
la actividad económica" tal y como avanzó Juan Manuel Pérez Mira, decano del
COEV, en la presentación del acto.
"El papel de la Administración de Justicia no se tiene en cuenta. El sistema judicial no es lo eficaz que a nosotros nos gustaría; es lento", lamentó Viguer, para quien, de hacerse una encuesta entre los ciudadanos, cree que "el 99,9% de los ciudadanos estaría de acuerdo en que se hiciera un mayor esfuerzo económico en invertir en la Administración de Justicia ¿Por qué no se hace?".
Viguer reivindicó la "enorme relevancia" del sistema judicial en los países desarrollados como dinamizador de la economía. "El intercambio de bienes y servicios necesita un marco jurídico de agilidad, eficacia y seguridad. Allí donde el sistema judicial es fuerte y seguro, afluirá sin duda el crédito y la inversión. El buen funcionamiento del sistema judicial es un factor de primer orden para favorecer la competitividad de la economía española". El propio Consejo de la Unión Europea ha establecido que "la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos".
Para atender el creciente aumento de la actividad en los juzgados españoles, Viguer reclamó procesos ágiles, basados en la oralidad, no en la escritura; una infraestructura adecuada, no como la actual, en la que a la falta de medios se añade que los sistemas de gestión procesales de cada Comunidad Autónoma son incompatibles entre sí; y una estructura organizativa "moderna y flexible".
En un año, las cuentas bancarias judiciales llegan a mover en torno a 14.000 millones de euros. El saldo medio de las cuentas de consignaciones judiciales es de 3.200 millones de euros. Según informó Viguer, algunos expertos cifran en 40.000 millones de euros los intereses económicos que están actualmente en juego en los juzgados y tribunales españoles. "A pesar de ello, no se invierte en justicia", sentenció el juez decano. "Lo que no puede ser es que estas inmensas sumas de dinero estén atrapadas en miles de procesos judiciales y se hallen en dique seco, a veces durante años. Este dinero no fluye, no se invierte y no genera riqueza". En lugar de convertirse en un atasco del flujo económico, el sistema judicial debería ser un acicate para resolver aquellas situaciones controvertidas que generan incertidumbre. Una respuesta tardía en una reclamación puede llevar a una empresa a un proceso concursal. "La justicia no debería de ser un problema, sino la solución".
El magistrado reivindicó el sistema judicial como garante de los derechos ciudadanos en época de crisis, lo que se ha plasmado en recientes resoluciones en materia de protección al consumidor. Asimismo, analizó las medidas que podrían adoptarse para aprovechar las potencialidades del sistema judicial en aras de una justicia más moderna, ágil y eficiente, así como sus perspectivas de futuro.
Acceso al video de la sesión
"El papel de la Administración de Justicia no se tiene en cuenta. El sistema judicial no es lo eficaz que a nosotros nos gustaría; es lento", lamentó Viguer, para quien, de hacerse una encuesta entre los ciudadanos, cree que "el 99,9% de los ciudadanos estaría de acuerdo en que se hiciera un mayor esfuerzo económico en invertir en la Administración de Justicia ¿Por qué no se hace?".
Viguer reivindicó la "enorme relevancia" del sistema judicial en los países desarrollados como dinamizador de la economía. "El intercambio de bienes y servicios necesita un marco jurídico de agilidad, eficacia y seguridad. Allí donde el sistema judicial es fuerte y seguro, afluirá sin duda el crédito y la inversión. El buen funcionamiento del sistema judicial es un factor de primer orden para favorecer la competitividad de la economía española". El propio Consejo de la Unión Europea ha establecido que "la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos".
Para atender el creciente aumento de la actividad en los juzgados españoles, Viguer reclamó procesos ágiles, basados en la oralidad, no en la escritura; una infraestructura adecuada, no como la actual, en la que a la falta de medios se añade que los sistemas de gestión procesales de cada Comunidad Autónoma son incompatibles entre sí; y una estructura organizativa "moderna y flexible".
En un año, las cuentas bancarias judiciales llegan a mover en torno a 14.000 millones de euros. El saldo medio de las cuentas de consignaciones judiciales es de 3.200 millones de euros. Según informó Viguer, algunos expertos cifran en 40.000 millones de euros los intereses económicos que están actualmente en juego en los juzgados y tribunales españoles. "A pesar de ello, no se invierte en justicia", sentenció el juez decano. "Lo que no puede ser es que estas inmensas sumas de dinero estén atrapadas en miles de procesos judiciales y se hallen en dique seco, a veces durante años. Este dinero no fluye, no se invierte y no genera riqueza". En lugar de convertirse en un atasco del flujo económico, el sistema judicial debería ser un acicate para resolver aquellas situaciones controvertidas que generan incertidumbre. Una respuesta tardía en una reclamación puede llevar a una empresa a un proceso concursal. "La justicia no debería de ser un problema, sino la solución".
El magistrado reivindicó el sistema judicial como garante de los derechos ciudadanos en época de crisis, lo que se ha plasmado en recientes resoluciones en materia de protección al consumidor. Asimismo, analizó las medidas que podrían adoptarse para aprovechar las potencialidades del sistema judicial en aras de una justicia más moderna, ágil y eficiente, así como sus perspectivas de futuro.
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