Recibimos un seis y pico por ciento de la inversión del Estado, aunque representemos casi un 11 por ciento de la población española

El anuncio de que el proyecto de presupuestos generales del Estado prevé una inversión en la Comunidad Valenciana de solo 776 millones de euros, un 6,9% del total, cuando nuestra comunidad representa un 10,8% de la población, ha generado una enorme protesta entre nuestra clase política y dirigente.

Pues bien, uno debe preguntarse si tiene lógica esta protesta, puesto que en un Estado-Nación no hay motivo alguno para que las inversiones, año a año, respeten escrupulosamente un reparto proporcional a la población. La selección de inversiones debe efectuarse teniendo en cuenta criterios de eficiencia y de justicia, buscando atender las principales deficiencias de estructuras, allá donde se encuentren, y fomentar el crecimiento de aquellos territorios que en mayor medida lo precisen.

Si esto es así, volvemos a la pregunta: ¿tiene lógica la protesta?

La respuesta, en mi opinión, está en que éste no es un hecho puntual, el problema no es la inversión del Estado de un año, este año, el problema es que llueve sobre mojado.

Llueve sobre mojado porque es la tónica que se viene produciendo durante los últimos años, donde es ya habitual que recibamos ese seis y pico por ciento de la inversión del Estado, aunque representemos, como hemos dicho, casi un 11% de la población española. El año pasado, 2016, alcanzábamos un pico del 8 % de la inversión, siempre muy por debajo de nuestra población.

Llueve sobre mojado porque esa escasa inversión del Estado se añade a que nuestra comunidad sea la peor financiada de todas. Somos la última comunidad por recursos por habitante. La última. Con semejante infrafinanciación, hoy no discutida por nadie, pocas posibilidades de inversión le quedan a nuestra comunidad. Y esa escasísima capacidad de inversión autonómica podríamos esperar que se compensara en parte por el Estado, aportando más incluso de lo que nos corresponde proporcionalmente, no justamente lo contrario.

Y si queremos que la inversión sea justa y solidaria, parecería lógico que atendiera a la situación de riqueza existente en cada comunidad, puesto que la inversión pública es un motor indiscutible de creación de empleo y de riqueza. Pues bien, resulta que nuestra comunidad tiene una renta per cápita que no llega al 90% de la media nacional. Si tenemos en cuenta este dato, parecería lógico que la inversión del Estado no es que alcanzara nuestro 11% de población, sino que incluso debería superarlo para fomentar el crecimiento en nuestra comunidad y que nos acerquemos a la riqueza de la media de España.

Pero es que parece que los valencianos nos debamos acostumbrar a estar en el furgón de cola de inversiones públicas entre las comunidades autónomas:  en un reciente estudio de la fundación BBVA y el Ivie, se analiza la evolución del stock de capital público, esto es, del valor que tienen el conjunto de inversiones públicas en un momento dado en cada comunidad, lo que supone tener en cuenta todo lo que se ha invertido en esa comunidad y restar el deterioro o amortización de las inversiones antiguas.

Pues bien, las conclusiones son llamativas: durante el periodo 2000 2009, el periodo del boom, hubo un fuerte crecimiento del stock de capital público en todas las comunidades autónomas. Pero, ¿cuál creció menos?.  Pues sí, la Comunidad Valenciana creció a un ritmo de casi la mitad de otras como Madrid o Cataluña.

El mismo estudio demuestra que en el periodo 2009 a 2013, es decir, en plena recesión, la caída general de la inversión pública afectó a todas las comunidades autónomas, de forma que incluso en algunas de ellas el valor de las inversiones públicas totales se redujo, esto es, se invirtió menos que la pérdida de valor de las inversiones existentes.

¿Y qué dos comunidades autónomas sufrieron mayor pérdida en el valor de sus inversiones? Pues Canarias y la Comunidad Valenciana.

En definitiva, sí que tenemos razones para el enfado y el rechazo. Debemos ser firmes en la exigencia de una financiación y unas inversiones públicas que atiendan a las necesidades de esta tierra y que fomenten el crecimiento y bienestar de una comunidad que tiene más paro y menos riqueza que la media española. Es de justicia.

Juan José Enríquez Barbé.

Decano Presidente del COEV.

Reproducción de su intervención en Onda Cero Radio. Mayo 2017.